La justicia federal procesó y embargó a sindicalistas del SUPA por hechos y bloqueos violentos
El juez federal Sebastián Ramos procesó y embargó al secretario adjunto del Sindicatos Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), Diego Corvalán, y a otros 15 trabajadores de la organización, quienes habían sido acusados de los delitos de "autor y coautores penalmente responsables de abuso de armas y daño agravado".
El magistrado también ordenó trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 8 millones de pesos en la causa iniciada en junio de 2020, cuando Corvalán y otros trabajadores tomaron por la fuerza el Puerto de Buenos Aires y paralizaron las tareas, informaron fuentes del caso.
Dirigentes y trabajadores del SUPA tomaron entonces las terminales 4 y Río de la Plata del Puerto de Buenos Aires y agredieron físicamente al personal de seguridad, en el contexto de varias jornadas de protesta que concluyeron con acciones violentas.
En ese momento (2020) Corvalán y sus acompañantes arrancaron los portones de ingreso a la estación portuaria Río de la Plata, por lo que fueron denunciados penalmente.
En noviembre de 2018 la Cámara Comercial porteña había ordenado la intervención del sindicato y la cancelación de la personería, y dispuso también su baja del registro de asociaciones sindicales en la cartera laboral a partir de la quiebra del SUPA.
La justicia comercial delegó entonces en Trabajo la tarea de dar de baja la personería gremial, pero la cartera laboral no cumplió la manda judicial, no anotó la sentencia de su cancelación en el registro de asociaciones sindicales y tampoco concretó la intervención de la entidad conforme con lo establecido en el marco legal.
Luego de que el SUPA acreditase el levantamiento de la quiebra, la cartera de Trabajo ratificó en los cargos a los dirigentes gremiales que conducían entonces la entidad.
Hace pocos días el SUPA, que no está adherido a la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra), que lidera Juan Carlos Schmid, había bloqueado puertos en el interior del país, en especial el de San Lorenzo, en Santa Fe.
En su momento, el gremio había sido también denunciado penalmente por "hechos de violencia" en el depósito fiscal Mercocargas y por bloqueos en Bahía Blanca.
En 2016 fue presentada una denuncia ante el juzgado criminal y correccional federal número 12 contra Juan Corvalán -secretario general- y Rosana Corvalán -gerenta de la obra social- por defraudación y administración fraudulenta, falsificación de documentos públicos y privados, malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito.
Esa denuncia fue presentada de forma previa a que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial ordenara la intervención de la organización sindical, lo que en 2018 no fue cumplido por los funcionarios de la cartera de Trabajo.
