Conflicto en la hidrovía: los capitanes rechazan la desregulación del practicaje y advierten por riesgos en seguridad y soberanía
La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos encendió una fuerte señal de alerta frente al proyecto oficial que impulsa la desregulación del practicaje, pilotaje y baquía en la navegación fluvial. La entidad presentó un pedido formal para frenar los plazos administrativos, solicitar acceso a la documentación técnica y abrir una instancia de revisión del esquema propuesto.
El eje del conflicto se concentra en la modificación del régimen vigente, particularmente en el alcance del Artículo 9°, que habilitaría a buques de bandera extranjera a operar sin la obligación de embarcar baqueanos. Para el sector, esta flexibilización no sólo altera el marco operativo actual, sino que introduce un cambio estructural en uno de los servicios considerados críticos para la seguridad de la navegación.
Desde la asociación advierten que la medida “compromete directamente la seguridad fluvial” al permitir que embarcaciones extranjeras puedan transitar bajo el mando de sus propios capitanes, incluso sin acreditar experiencia local ni dominio del idioma, mediante una simple declaración jurada. En esa línea, cuestionaron la utilización como sustento del Decreto 817/92 (reglamentario de la Ley de Puertos), cuya aplicación, sostienen, se estaría extendiendo de manera “analógica” a toda la ruta navegable troncal.
El planteo no se limita al plano normativo. La entidad remarcó que la eventual eliminación de estándares técnicos, de seguridad y profesionales en el practicaje incrementa el riesgo de incidentes de alto impacto, como colisiones, varaduras o derrames de hidrocarburos. “Se genera un riesgo concreto para la vida de los navegantes, la integridad de las embarcaciones y la protección de las poblaciones costeras”, sostuvieron.
En paralelo, subrayaron que la navegación en aguas argentinas (y en particular en el sistema fluvial) requiere conocimiento técnico específico, experiencia local y dominio de condiciones variables que no pueden ser reemplazados fácilmente por personal sin formación en el sistema nacional.
Otro de los puntos críticos señalados es el impacto sobre el empleo del sector. La apertura a la intervención de personal extranjero en tareas altamente especializadas podría afectar la estabilidad laboral de los profesionales argentinos, en un contexto donde el practicaje constituye una actividad regulada y estratégica.
Pero el cuestionamiento más profundo apunta a la dimensión soberana. Según la asociación, el practicaje, pilotaje y baquía no son sólo servicios técnicos y de seguridad, sino funciones directamente vinculadas al control y conducción del tráfico en aguas jurisdiccionales. En ese sentido, advierten que la desregulación podría derivar en una “delegación material de funciones sensibles”, debilitando la capacidad de control estatal sobre la navegación.
*Pedido de suspensión y posible judicialización*
Frente a este escenario, la organización solicitó la suspensión de los plazos administrativos hasta tanto se les otorgue vista del expediente completo y puedan analizar los fundamentos técnicos y de seguridad del proyecto. En particular, reclaman acceso a estudios de riesgo, estadísticas, evaluaciones operativas y toda la documentación que respalde los cambios propuestos.
El planteo también alcanza al Decreto 37/2025 REGINAVE, sobre el cual ya se había solicitado información sin obtener respuesta, según indicaron.
Ante la falta de definiciones oficiales, desde la entidad no descartan avanzar en la vía judicial. El objetivo, remarcan, será garantizar la seguridad de la navegación, preservar los estándares profesionales y resguardar el control argentino sobre sus vías navegables, en un momento donde la hidrovía vuelve a ubicarse en el centro del debate estratégico del comercio exterior.
