El Gobierno ordena cómo se financiará la concesión ferroviaria: el producido del material rodante irá a obras de vías
El proceso de privatización de Belgrano Cargas suma una pieza clave en su ingeniería financiera. A través del Decreto 282/2026, el Gobierno definió que los fondos obtenidos por la venta del material rodante (incluido también el que eventualmente se transfiera dentro de las concesiones) deberán destinarse a un fideicomiso específico para financiar obras sobre la infraestructura ferroviaria.
La medida se inscribe en la hoja de ruta iniciada con la declaración de la empresa Belgrano Cargas y Logística S.A. como “sujeta a privatización” bajo la Ley de Bases, y profundiza el esquema de desintegración vertical previsto: por un lado, la venta del material rodante; por otro, la concesión de vías, talleres e inmuebles asociados.
El punto central del decreto es que no habrá dispersión de recursos. Todo lo que se obtenga por la monetización de locomotoras, vagones y otros activos ferroviarios será canalizado hacia el fideicomiso creado por el Decreto 976/01, dentro del Sistema de Infraestructura de Transporte. Ese fondo tiene como objetivo sostener inversiones tanto viales como ferroviarias, y ahora será el vehículo para financiar las mejoras en las trazas que se entreguen en concesión.
El esquema busca resolver una de las tensiones clásicas de este tipo de procesos: cómo garantizar que el concesionario tenga capacidad económica para sostener y mejorar la infraestructura sin trasladar todo el peso de la inversión al Estado. En este caso, parte de la respuesta está en permitir que ciertos activos (como material rodante) funcionen como fuente adicional de ingresos para viabilizar los contratos en su etapa inicial.
En paralelo, el Ministerio de Economía quedó a cargo de instrumentar el mecanismo. Entre sus tareas estará definir el precio de venta del material rodante, tomando como referencia mínima la tasación del Tribunal de Tasaciones de la Nación, y canalizar esos recursos hacia la cuenta fiduciaria correspondiente, administrada en el ámbito del Banco Nación.
La Secretaría de Transporte, en tanto, deberá reflejar este esquema en los pliegos licitatorios de las futuras concesiones de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza. Allí se detallará qué activos serán incluidos en cada proceso, un aspecto clave para los interesados en evaluar la ecuación económica de los contratos.
El trasfondo es claro: avanzar hacia un modelo de acceso abierto con operadores privados sobre la red, pero con un esquema de financiamiento que combine activos existentes y obras futuras. En esa lógica, el decreto no introduce un cambio de rumbo, sino que ajusta una variable crítica para que el proceso sea ejecutable.
Con esta definición, la privatización de Belgrano Cargas entra en una etapa más operativa. Ya no se trata solo del marco normativo, sino de cómo se estructuran los flujos de fondos y los incentivos económicos que sostendrán el sistema en los próximos años.
