El Gobierno de España prepara un paquete de ayudas de 1.500 millones para renovar la flota mercante

El ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está trabajando para hacer realidad las demandas de la Asociación de Navieros Españoles (Anave), que preside Vicente Boluda, que viene reclamando ayudas para la renovación y descarbonización de las flotas en plena transición energética. Por una parte, según fuentes oficiales, la cartera de Óscar Puente está preparando un programa de subvenciones de no menos de 500 millones de euros destinado a que los armadores actualicen y renueven sus barcos para cumplir con el paquete normativo Fit for 55 para 2030 de la UE, que busca reducir las emisiones en, al menos, el 55% respecto de los niveles de 1990. Este programa se nutrirá con los fondos recaudados por el Gobierno español a través del esquema de comercio de derechos de emisiones de la UE para el transporte marítimo, conocido como EU ETS, que entró en vigor el pasado 1 de enero.

Por otro lado, los navieros del país, un negocio que se caracteriza por un uso intensivo de capital, podrán acceder a avales del Estado por valor de 1.000 millones de euros durante un plazo de cinco años para la reposición de su flota, añaden los mismos medios. Esta línea de garantía públicas fue anunciada por el Gobierno a finales de junio de 2023, un mes antes de las elecciones generales, aunque el Real Decreto no especificaba el importe económico ni el periodo de vigencia. Su disponibilidad dependía de “una orden de desarrollo que está a punto de salir”, declaran las fuentes. Además, apuntan que, transcurrido el plazo de cinco años, “los avales se pueden ampliar en el tiempo”.

Estas dos actuaciones se alinean con el ‘Programa para la Transición del Transporte Marítimo Español hacia una Economía de Cero Emisiones Netas’, elaborado por Anave y entregado a la cartera de Transportes en abril del año pasado. Asimismo, el paquete de ayudas a través de los fondos del EU ETS para descarbonizar la flota sigue la estela de otros países europeos, caso de Italia y Francia. Ambos países tienen habilitadas partidas de 500 y 300 millones de euros, respectivamente, para remozar sus flotas mercantes en el marco de la transición energética, aunque los fondos proceden del plan de recuperación Next Generation de la UE. En el caso italiano, las ayudas cubren entre el 30 y el 40% de la inversión en un barco. En cualquier caso, la patronal que preside el armador valenciano Vicente Boluda había reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchezun mecanismo similar para avanzar en la agenda de la sostenibilidad de los buques.

“El ministerio de Transportes está trabajando en una estrategia de descarbonización del sector marítimo que se alimentará, no de fondos Next Generation, sino de los fondos que genere el ETS. El objetivo es que los ingresos por la compra de derechos de emisiones retornen a la industria a través de una línea de subvenciones para descarbonizar la flota. Estamos con la cuantificación de las ayudas, pero esperamos que la parte destinada a los armadores no sea inferior a los 400 ó 500 millones de euros, porque la estrategia es más amplia y abarca más actividades”, afirman los medios oficiales consultados por esta publicación.

“Obviamente, es una estrategia de país, porque Transportes tiene que hablar con Hacienda y luego tiene que ser aprobada por el Gobierno en Consejo de Ministros. Parece coherente que, si estás pidiendo un gran esfuerzo inversor a los armadores para descarbonizar la flota, un sector que además tiene que comprar los derechos de emisión de CO2, tienes que darles una herramienta que les nutra de fondos”, señalan las fuentes.

En España, con una flota controlada de 215 buques y 5,3 millones de toneladas de arqueo bruto (GT), teniendo en cuenta los tráficos exentos y utilizando los datos de consumo de combustible de 2022, el EU ETS “costará a los armadores 50 millones de euros este año, casi 85 millones en 2025 y más de 120 millones a partir de 2026, lo que supone una media de 1,3 millones por buque, todo ello utilizando un precio del derecho de emisión de 85 euros/tonelada, que ha sido la media de 2023”, subraya la directora de Anave, Elena Seco. El inminente apoyo económico también permitirá competir en igualdad de condiciones a los armadores españoles con su colegas italianos y franceses en los mercados en los que coinciden.

En el caso de los avales, los armadores podrán solicitarlos para la construcción de nuevos buques, la adquisición de barcos con un límite de antigüedad de cinco años y la transformación de embarcaciones existentes que no superen los 15 años. Estas garantías del Estado cubrirían el vacío del actual esquema de avales a la construcción de buques de la compañía semipública Agencia de Crédito a la Exportación Española (Cesce). Esta entidad concede garantías por cuenta del Estado de hasta el 70 y el 80% para la construcción de un barco siempre que tenga como destino comerciar en el exterior. Esta condición excluye a gran parte de los armadores españoles, que, aunque con alguna excepción, operan en el mercado de cabotaje nacional, principalmente de contenedores y carga rodada.

En la misma línea, la cartera de Oscar Puente “está terminando la Estrategia Marítima Española, que también tiene una pata medio ambiental y se encuentra en la última fase de definición con la idea de lanzarla antes del verano”, concluyen las fuentes. Esta estrategia depende de la dirección general de la Marina Mercante.