FADEEAC rechaza la creación de una aduana interna en la Municipalidad de Formosa y solicita la intervención de las autoridades competentes para revertir la medida
La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) manifiesta su enérgico rechazo a la medida adoptada por el Municipio de la ciudad de Formosa, que implementó un arancel de ingreso al ejido urbano para transportistas de cargas no radicados en esa jurisdicción.
Mediante una serie de Ordenanzas Municipales, se dispuso el cobro de una “Contribución por servicios que inciden sobre los vehículos automotores y otros rodados”, aplicable a transportistas de pasajeros y de cargas, tanto nacionales como internacionales.
La disposición, que exige el pago de módulos a cada unidad vehicular que ingrese o circule temporalmente por la ciudad, constituye en los hechos una aduana interna, prohibida por la Constitución Nacional.
La medida vulnera gravemente el principio de libre circulación de personas, bienes y servicios en el territorio argentino al imponer un gravamen local carente de justificación y con fines meramente recaudatorios, al tiempo que contraviene la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449.
A ello se suman las consecuencias internacionales de la decisión, que desconoce los compromisos asumidos por la Argentina en el marco del Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT), suscripto por los países del MERCOSUR. Este acuerdo, de jerarquía supranacional, prohíbe expresamente la imposición de tasas o tributos locales que afecten la libre circulación de vehículos, mercancías o personas vinculadas a operaciones de transporte internacional.
La medida adoptada por el Municipio de Formosa no sólo resulta inconstitucional y violatoria de la normativa nacional e internacional vigente, sino que además sienta un precedente peligroso que atenta contra la integración regional y la armonización de políticas públicas de transporte.
“El transporte de cargas es un servicio esencial para la economía nacional. No puede ser objeto de gravámenes arbitrarios ni convertirse en instrumento de autofinanciamiento local”, dijo Cristian Sanz, Presidente de FADEEAC.
Por todo ello, FADEEAC solicita la inmediata intervención de las autoridades provinciales y nacionales competentes, a fin de dejar sin efecto esta disposición municipal que vulnera derechos fundamentales y entorpece la actividad económica y logística de nuestro país.
