La Nación interviene el Puerto de Ushuaia y suspende su habilitación por graves falencias operativas

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) dispuso la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia por un plazo de 12 meses, prorrogables, luego de constatar incumplimientos graves y persistentes en materia de infraestructura, seguridad operativa, uso de recursos y cumplimiento del marco normativo portuario. La medida fue oficializada mediante la Resolución 4/2026, publicada en el Boletín Oficial.

En paralelo, la Autoridad Portuaria Nacional resolvió suspender la habilitación del puerto por el mismo período, aunque decidió diferir la ejecución de esa sanción para no comprometer la operatoria habitual, en especial la temporada de cruceros 2025–2026 y el rol estratégico del puerto como puerta de entrada a la Antártida.

El origen del proceso se remonta a una denuncia presentada por entidades sindicales y actores del sector portuario local, que cuestionaron la aplicación de la Ley Provincial N° 1596, sancionada en 2025. La norma creó un fondo específico para cubrir deudas de la obra social provincial OSEF, financiado con el superávit del Puerto de Ushuaia correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025.

Según la ANPyN, esa decisión contradice el Convenio de Transferencia Nación–Provincia de 1992, que establece que los ingresos del puerto deben ser utilizados exclusivamente para gastos de operación, mantenimiento e inversiones portuarias. El uso de esos recursos para fines ajenos a la actividad habría afectado la capacidad financiera del ente y su posibilidad de sostener obras esenciales.

Un puerto clave con infraestructura deteriorada

Tras una inspección realizada entre el 30 de septiembre y el 1° de octubre de 2025, la Comisión Técnica de la ANPyN detectó un deterioro significativo en el muelle comercial, en particular en el Sitio 3, con fallas en defensas, elementos de amarre, pavimentos y capacidad de atraque. También se verificaron deficiencias en sistemas contra incendios, señalización, alumbrado, drenaje pluvial y control del tránsito pesado.

Desde el punto de vista de la seguridad portuaria y ambiental, el informe señaló carencias en la gestión de residuos, falta de protocolos para operaciones simultáneas de carga y pasajeros, y debilidades en el cumplimiento de normas de prevención de incidentes. A ello se sumaron observaciones críticas en materia de tecnología, comunicaciones y ciberseguridad, con sistemas obsoletos y ausencia de auditorías.

El análisis contable reveló además un bajo nivel de ejecución de obras de infraestructura, que representaron apenas el 1,3% del gasto total devengado, frente a una estructura de gastos concentrada en personal (55%) y activos financieros orientados a préstamos (30%). Para la Autoridad Portuaria Nacional, este perfil se aparta de las funciones operativas del ente y compromete la sustentabilidad futura del puerto.

Si bien la Dirección Provincial de Puertos presentó descargos y documentación complementaria, la ANPyN concluyó que no se aportaron elementos objetivos suficientes para desvirtuar las observaciones técnicas, ni para acreditar la regularización efectiva de las falencias detectadas.

Intervención con continuidad operativa

Ante este escenario, la resolución ordenó la intervención administrativa del puerto en materia de infraestructura, operación y gestión, a cargo de la Gerencia de Coordinación Técnica de la ANPyN, con apoyo de la Administración General de Puertos (AGP S.A.U.), actualmente en proceso de liquidación.

La intervención apunta a normalizar las condiciones de seguridad, recomponer la infraestructura y garantizar el uso adecuado de los fondos portuarios, sin interrumpir los servicios esenciales. Además, se facultó a la Prefectura Naval Argentina y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero a colaborar en el cumplimiento de la medida.

Un nodo estratégico bajo observación

El Puerto de Ushuaia es un nodo logístico clave para el comercio regional, la actividad pesquera y el abastecimiento de Tierra del Fuego, además de ser un punto central para las operaciones antárticas y el turismo de cruceros. Su ubicación en el Atlántico Sur le otorga un valor estratégico adicional en términos de soberanía y conectividad.

Con esta decisión, el Gobierno nacional busca reordenar la gestión del puerto, garantizar estándares operativos y preservar un activo crítico para el comercio exterior argentino, dejando abierta la posibilidad de levantar o mantener las sanciones una vez evaluados los resultados de la intervención.