Paro marítimo y advertencia internacional: la FESIMAF denuncia que la reforma “crea trabajadores de segunda”

En plena tensión por la reforma laboral, la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF) realizó un paro de 48 horas y lanzó una dura advertencia: la exclusión del personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo implicaría “retroceder cien años” y abriría la puerta a una desregulación que, según sostienen, impactará en la Marina Mercante, el cabotaje y la logística fluvial.


22 de febrero de 2026

En diálogo con Comex, Jorge Tiravassi, de Capitanes de Ultramar, Mariano Moreno, del Centro de Patrones, Mariano Vilar, del Sindicato de Conductores Navales, Raúl Durdos,  del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, Eduardo Mayotti, de Maquinistas Navales, y otros dirigentes de las agrupaciones que componen la federación, explicaron los alcances de la medida de fuerza y cuestionaron el cambio introducido a último momento en el dictamen legislativo.

La medida de fuerza y el detonante

—¿Por qué el paro y cuál es el eje del conflicto?

Tiravassi fue categórico: “Llevamos adelante un paro por 48 horas porque excluirnos de la Ley de Contrato de Trabajo configura, sencillamente, retrotraer nuestro Estado de Derecho cien años. Nos lleva al Código de Comercio de 1860. Llamar a eso modernización es una contradicción flagrante”.

El dirigente explicó que la modificación no formaba parte del proyecto original y que fue incorporada en la última etapa del tratamiento legislativo. “Todos esperábamos que, dentro de lo malo que es el proyecto, al menos hubiera alguna amortiguación. De la noche a la mañana aparece esto, que nos excluye de la ley y suprime derechos básicos”, afirmó.

Desde la federación remarcaron que la medida de fuerza apuntó contra la reforma en general, pero con especial énfasis en la exclusión del personal embarcado del régimen laboral común.

“Nos dejan sin red de contención”

—¿Qué implica, en términos concretos, quedar fuera de la Ley de Contrato de Trabajo?

“La ley funciona como una red”, explicó Tiravassi. “Por encima están los convenios colectivos, que incluso contemplan cuestiones que la ley no regula. Pero si te sacan de esa red y además vuelven vulnerables los convenios, quedamos en un vacío”.

Los gremialistas sostienen que la reforma permitiría que los convenios sean denunciados por las cámaras empresarias, dejando suspendidos beneficios hasta una nueva negociación. “Es un movimiento de pinzas: por un lado, te sacan la red de contención y por otro te debilitan el convenio. Terminás discutiendo desde cero”, describieron.

Entre los ejemplos concretos mencionaron la protección por maternidad (contemplada en la Ley de Contrato de Trabajo pero no en la legislación comercial a la que serían remitidos) y las licencias o situaciones de accidente laboral. “Hoy hay artículos que no se aplican al trabajo marítimo, pero otros sí. Si nos sacan de la ley, se genera una nebulosa jurídica que va a aumentar la litigiosidad, no a reducirla”, advirtieron.

Sin consulta y con antecedentes recientes

—¿Hubo instancias de diálogo con el Ejecutivo o con los armadores?


“La falta de conocimiento la puedo entender; lo que no puedo entender es la falta de consulta”, respondió uno de los dirigentes. Según señalaron, no hubo instancias formales de intercambio sobre este punto específico.

También recordaron antecedentes recientes: el DNU 70, el Decreto 340 (que intentó modificar el régimen de cabotaje) y artículos incluidos en la Ley Bases que, aseguran, afectaban al sector pesquero y a figuras como el baqueano. “Es el tercer o cuarto intento. Esto no es aislado”, resumieron.

Competencia internacional y riesgo para la Marina Mercante

—¿La reforma facilitaría el ingreso de flotas extranjeras?

Desde FESIMAF consideran que sí. Señalaron que en determinados nichos ya operan grandes compañías internacionales y que una desregulación podría profundizar la competencia con actores que tienen “espalda financiera para trabajar a pérdida y hacer dumping”.

“Preparan el camino para una situación muy peligrosa. Estas actividades, una vez que las dañaste, no se recuperan en el mismo tiempo que se destruyen”, alertaron.

En ese marco, citaron un dato que, según indicaron, surge de estadísticas oficiales: “La Argentina paga alrededor de 3.700 millones de dólares anuales en fletes al exterior. En vez de fortalecer la Marina Mercante para recuperar parte de eso, se avanza en su debilitamiento”.

El respaldo de la ITF y la advertencia global

La federación difundió además un comunicado de la International Transport Workers' Federation (ITF), organización que agrupa a sindicatos del transporte en más de 150 países.

El texto expresa “profunda preocupación” ante la exclusión del personal embarcado de la legislación laboral general y advierte que ello podría “crear trabajadores de segunda categoría”. También señala que la actividad marítima está entre las más riesgosas del mundo y que un retroceso en derechos resultaría incompatible con los estándares internacionales.

“La ITF no dudará en activar mecanismos de solidaridad internacional si se profundizan los ataques”, remarcaron desde FESIMAF.

Formación, estándares y seguridad

Los dirigentes pusieron énfasis en el nivel de capacitación del personal argentino, que incluye formación en la Escuela Nacional de Náutica, la Escuela Nacional Fluvial y la Escuela Nacional de Pesca, además de múltiples certificaciones periódicas exigidas por la autoridad marítima.

“Tripular un buque petrolero implica, además del título habilitante, más de 20 certificados que se renuevan cada cinco años. Es una actividad con altos estándares de seguridad y ambientales. Si precarizás condiciones, también ponés en riesgo esos estándares”, señalaron.

El debate por el “costo” del paro

—¿Cuánto pierde el país con dos días de paralización?

Consultados sobre el impacto económico, los dirigentes evitaron cifras. “No tengo datos claros del costo económico de estos dos días”, admitieron. Pero devolvieron la discusión en términos sociales: “Para los trabajadores, esta ley tiene un costo muchísimo más alto. Pone en riesgo el futuro del trabajador y su familia”.

Y agregaron: “Si nos atacan y nos quitan derechos, nos obligan a parar. Después no pueden responsabilizarnos por el costo”.

“No es modernización, es retroceso”

La síntesis de la federación fue contundente. “Hace 55 años que coexistimos pacíficamente con la Ley de Contrato de Trabajo. No hubo conflictos extraordinarios ni una litigiosidad superior a la media. Ahora se plantea un cambio que nos deja sin jurisdicción laboral y sin una base clara sobre la cual trabajar”, afirmaron.

Para FESIMAF, la discusión excede lo técnico y remite a un modelo productivo. “Sin tripulantes argentinos no hay Marina Mercante. Y sin Marina Mercante se debilita la soberanía y el desarrollo logístico del país”, concluyeron.

El conflicto, anticiparon, no se agota en las 48 horas de paro. La federación ya evalúa nuevas acciones si el Congreso avanza con la exclusión del personal embarcado del régimen laboral general.