Ferrocarril en transición: extienden concesiones y liberan importaciones para sostener la logística de cargas
En un contexto de mayor presión sobre los corredores logísticos, el Gobierno nacional avanzó con un paquete de medidas orientadas a sostener la operatividad del sistema ferroviario de cargas y preparar el terreno para un nuevo esquema de gestión. El foco está puesto en acompañar el crecimiento del transporte de insumos estratégicos (como arena, equipos y componentes industriales) y evitar cuellos de botella en tramos clave.
Las disposiciones, oficializadas en el Boletín Oficial, combinan alivio fiscal para inversiones con la continuidad transitoria de concesiones, en un escenario atravesado por la emergencia ferroviaria vigente.
Uno de los ejes centrales es la decisión de eximir del pago de derechos de importación y tasas aduaneras a bienes destinados al sistema ferroviario. La medida alcanza a empresas públicas del sector y contempla material rodante, repuestos, sistemas de señalamiento y equipamiento tecnológico, siempre que estén vinculados a proyectos de inversión en curso.
El objetivo es destrabar la incorporación de activos críticos que, en muchos casos, habían quedado pendientes de nacionalización. En términos operativos, se busca acelerar la renovación de capacidades en una red que enfrenta limitaciones estructurales y cuya performance impacta directamente en la competitividad logística.
En paralelo, el Gobierno dispuso la continuidad operativa del corredor Rosario–Bahía Blanca, uno de los ejes más relevantes para el movimiento de cargas a nivel nacional. El contrato actual fue extendido hasta abril de 2027 (o hasta que se implemente un nuevo modelo) bajo un esquema transitorio que garantiza la prestación del servicio mientras se redefine el marco contractual.
La decisión evita una eventual interrupción en un corredor clave para la vinculación entre zonas productivas y puertos de exportación, en un momento donde el volumen transportado muestra señales de crecimiento sostenido.
Más allá de la extensión, el punto de fondo es el inicio de una nueva etapa. La normativa habilita el diseño de un esquema contractual distinto, con mayor participación privada y foco en eficiencia operativa, en línea con una apertura progresiva del sistema ferroviario.
El desafío no es menor. Los propios fundamentos oficiales reconocen que el sistema arrastra déficits en infraestructura y material rodante que afectan velocidades, tiempos de tránsito y confiabilidad del servicio, especialmente en el segmento de cargas.
En este escenario, la planificación a mediano plazo aparece como un factor determinante. El aumento en la demanda de transporte de insumos industriales (particularmente asociados a actividades intensivas como la energía) obliga a repensar la capacidad del ferrocarril dentro de la matriz logística.
Las medidas adoptadas buscan, en lo inmediato, sostener la operación y evitar disrupciones. Pero al mismo tiempo funcionan como puente hacia un rediseño más amplio del sistema, donde la clave estará en articular inversión, gestión y eficiencia en corredores que hoy concentran buena parte del movimiento productivo del país.
Con la emergencia ferroviaria extendida hasta 2028, el sector entra en una fase de transición donde la urgencia convive con la necesidad de reformas estructurales. El desempeño del ferrocarril en los próximos años será decisivo para acompañar el crecimiento de las cadenas logísticas y sostener la competitividad del comercio exterior argentino.
