La Justicia frenó la aplicación de la reforma laboral para capitanes y baqueanos fluviales

La medida judicial, hizo lugar a una acción de amparo impulsada por el sindicato contra el Estado Nacional y abrió un nuevo frente de conflicto en torno a la reforma laboral promovida por el Gobierno.

En concreto, la resolución suspende la vigencia de los artículos 1, 101, 131, 133 y 137 de la norma para los capitanes y baqueanos fluviales, al considerar que podrían vulnerar garantías constitucionales y convenios internacionales ratificados por la Argentina.

El punto más sensible del planteo sindical se centra en el artículo 1 de la ley, que excluye al personal embarcado comprendido en la Ley de Navegación del ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

Desde el gremio advirtieron que esa modificación implicaría dejar sin cobertura derechos laborales considerados centrales para la actividad. Entre ellos mencionaron indemnizaciones, licencias, vacaciones, protección frente a enfermedades inculpables, negociación colectiva y principios de continuidad laboral.

La organización sindical celebró la resolución y sostuvo que el fallo representa “un importante reconocimiento a la legitimidad del reclamo sindical” y una defensa de la libertad sindical, el derecho de huelga y las condiciones dignas de trabajo.

El conflicto se da en medio de una fuerte discusión sobre el alcance de la reforma laboral y su impacto sobre convenios colectivos específicos de actividades estratégicas, entre ellas la marina mercante.

En su presentación judicial, el sindicato argumentó que la nueva legislación genera “un escenario de desprotección” para los trabajadores embarcados y cuestionó que la modificación haya avanzado sin un debate profundo en el Congreso.

El magistrado recogió parte de esos argumentos y señaló que existe una “verosimilitud del derecho calificada” para dictar la cautelar hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la norma.

En uno de los tramos más duros de la resolución, el juez sostuvo que la Justicia debe intervenir para evitar que “no se arroje a los trabajadores y trabajadoras por la borda”, al analizar el impacto potencial de la reforma sobre el sector.

Asimismo, remarcó que los trabajadores cuentan con “preferente tutela constitucional” y citó jurisprudencia de la Corte Suprema vinculada a la protección del empleo y los derechos laborales.

Otro de los aspectos observados por el sindicato y contemplados en la resolución judicial tiene que ver con los cambios sobre ultraactividad de los convenios colectivos y las facultades otorgadas a la Secretaría de Trabajo para intervenir en negociaciones paritarias.

Según la presentación gremial, la combinación de esas modificaciones con la exclusión de la LCT podría dejar a la actividad “en un escenario de no norma”, con riesgos de conflictividad laboral y vacíos regulatorios.

La cautelar también alcanza las modificaciones vinculadas al derecho de huelga y al sistema de financiamiento sindical mediante cuotas solidarias.

El Magistrado entendió que la aplicación inmediata de esos artículos podría generar “daños irreparables” y afectar derechos protegidos por la Constitución Nacional y por convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En paralelo, el fallo dejó planteada una discusión jurídica de mayor alcance sobre los límites de la reforma laboral y el control de constitucionalidad de las nuevas normas.

Mientras tanto, la medida cautelar mantendrá suspendida la aplicación de esos artículos para el sector representado por la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales hasta que exista una sentencia definitiva.

Desde el sindicato adelantaron que continuarán impulsando las acciones judiciales “hasta obtener una resolución definitiva sobre la inconstitucionalidad planteada” y convocaron a los trabajadores a mantenerse “unidos y comprometidos” durante el proceso.