FeSiMaF impulsa un registro especial para defender el cabotaje nacional sin resignar competitividad

La discusión por el futuro del cabotaje nacional volvió a instalarse en la agenda marítima y legislativa. En una reunión realizada en la sede de FeSiMaF, representantes del sector marítimo y fluvial expusieron una propuesta destinada a ofrecer una alternativa a los proyectos de desregulación que impulsan cambios profundos en la actividad.

El encuentro tuvo un objetivo concreto: presentar un proyecto de ley para crear un Registro Especial Temporal de Cabotaje Nacional, una herramienta con la que el sector busca construir una salida intermedia entre el régimen actual y una eventual apertura irrestricta del transporte de cabotaje a embarcaciones extranjeras.

La convocatoria reunió a los diputados nacionales Julia Strada, Sabrina Selva y, al ex ministro de Defensa Jorge Taiana y al ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, quienes participaron del intercambio junto a representantes gremiales, armadores y referentes históricos de la actividad marítima y fluvial.

Por parte de FeSiMaF estuvieron presentes Jorge Tiravassi y Carlos Casime, del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante; Eduardo Mayotti y Marcelo Giuliani, del Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales; Mariano Moreno y Facundo Figueroa, del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo; Ángel Raimundi y Hernán Barone, del Sindicato de Conductores Navales; Hernán Gavito, en representación de los Radiooficiales; y Javier Pascual, por el Centro de Comisarios Navales.

También participaron Alejandro Vargas y Matías Vargas, por el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU); Oscar Mendoza, Leandro Montero y Germán Romero, en representación de los Baqueanos. La presencia de las distintas organizaciones sindicales reflejó la amplitud del respaldo que la iniciativa busca construir dentro de la comunidad marítima y fluvial.

La propuesta aparece en un contexto especialmente sensible para la Marina Mercante argentina. Desde el Gobierno sostienen que una mayor flexibilización del régimen permitiría reducir costos logísticos y mejorar la competitividad del transporte. En cambio, desde el sector sindical y parte del empresariado naviero advierten que una apertura sin correcciones previas podría acelerar el desplazamiento de la flota nacional por operadores extranjeros.

Durante la reunión, los representantes de FeSiMaF sostuvieron que el principal problema no radica en la reserva de cabotaje sino en las dificultades para operar bajo bandera argentina en igualdad de condiciones frente a otros países de la región.

Según expusieron, la normativa vigente ya contempla mecanismos de excepción cuando no existe disponibilidad de buques nacionales, mediante permisos especiales o waivers. En ese sentido, afirmaron que durante los últimos dos años se solicitaron 162 permisos y se otorgaron 161, por lo que rechazaron los argumentos que atribuyen a la legislación actual una supuesta paralización de cargas.

La visión planteada por el sector es que abrir el cabotaje sin corregir previamente las asimetrías fiscales, financieras, laborales y regulatorias terminaría favoreciendo la sustitución de operadores argentinos por flotas extranjeras con menores costos estructurales.

Uno de los ejes centrales de la exposición estuvo vinculado a la comparación con Paraguay, cuya flota concentra una parte importante del transporte fluvial regional. Los expositores señalaron que las ventajas competitivas de ese país responden principalmente a diferencias impositivas y regulatorias, más que a cuestiones vinculadas al costo laboral.

La intervención de Alejandro Rapela, vocal de la Cámara Argentina Naviera y uno de los pocos armadores argentinos que actualmente realiza cabotaje de granos en la Hidrovía, aportó una mirada concreta sobre la realidad operativa del sector.

Rapela describió una actividad caracterizada por márgenes reducidos, altos riesgos operativos y fuertes condicionantes derivados de las bajantes, demoras y limitaciones de infraestructura. Según explicó, ampliar la capacidad de transporte no es una decisión inmediata, ya que incorporar nuevas unidades demanda inversiones significativas y plazos que pueden extenderse entre 18 y 24 meses.

A partir de ese diagnóstico, los impulsores del proyecto cuestionaron la idea de que la incorporación de más embarcaciones extranjeras generará automáticamente una mejora logística. Para el sector, la disponibilidad de barcos no crea carga por sí sola: el crecimiento depende de mayores niveles de producción, estabilidad económica y previsibilidad para invertir.

La propuesta presentada contempla la creación de un registro especial dentro del Registro Nacional de Buques, bajo la órbita de la Prefectura Naval Argentina, evitando la conformación de nuevas estructuras administrativas. El esquema tendría carácter temporal y permitiría evaluar sus resultados antes de una eventual renovación.

Según explicaron durante el encuentro, el proyecto conservaría tres principios considerados esenciales por FeSiMaF: la bandera argentina, las tripulaciones argentinas y la aplicación de convenios colectivos nacionales.

El nuevo régimen permitiría implementar herramientas orientadas a mejorar la competitividad de los armadores locales. Entre las alternativas analizadas figura la incorporación de un impuesto al tonelaje, mecanismo utilizado en distintos países marítimos para reducir la carga tributaria tradicional y vincular la tributación a la capacidad de las embarcaciones.

También se evaluaron posibles modificaciones relacionadas con determinados tratamientos fiscales para los servicios de transporte y una revisión del impacto impositivo sobre el personal embarcado, manteniendo las obligaciones vinculadas a la seguridad social.

Otro aspecto relevante de la propuesta es el mantenimiento de los permisos excepcionales para embarcaciones extranjeras cuando resulte necesario garantizar la continuidad de las cargas. No obstante, FeSiMaF plantea que, superados determinados plazos, esas unidades deban incorporar tripulantes argentinos para evitar que la excepción se convierta en una sustitución permanente de la flota nacional.

Durante la reunión también se destacó la dimensión estratégica del cabotaje para la economía argentina. Los participantes señalaron que el transporte interno de combustibles, productos agroindustriales, cargas forestales y contenedores vinculados con Tierra del Fuego forma parte de una red logística que excede la discusión sobre tarifas y costos operativos.

En esa línea, recordaron que, durante situaciones excepcionales, como la pandemia o las bajantes extraordinarias del río Paraná, la disponibilidad de flota y personal argentino resultó fundamental para sostener operaciones consideradas críticas para el abastecimiento.

Para los representantes del sector, la pérdida de embarcaciones de bandera nacional impactaría no sólo sobre los armadores, sino también sobre el empleo embarcado, la formación profesional, los astilleros y el conjunto de actividades vinculadas a la cadena marítima y fluvial.

La presencia de legisladores nacionales, dirigentes sindicales y referentes políticos evidenció que la discusión sobre el cabotaje ya comenzó a trasladarse al ámbito parlamentario. El desafío de FeSiMaF será ahora convertir su propuesta en una iniciativa legislativa capaz de reunir consensos y demostrar que es posible reducir costos y mejorar la competitividad sin resignar la presencia de la bandera argentina en el transporte interno.