De la vigilancia remota a la sanción: la experiencia de Prefectura contra la pesca ilegal reconocida internacionalmente

Elaborado por expertos y organizaciones internacionales —funcionarios gubernamentales, fiscales, especialistas de la aplicación de la ley del mar, juristas, técnicos, académicos, grupos de reflexión y proveedores de servicios MDA—, el Manual busca ayudar a los Estados a convertir datos de vigilancia en evidencia digital admisible y traducir la ventaja tecnológica en sanciones efectivas.

El manual comienza explicando el concepto de Conciencia del Dominio Marítimo (MDA) y las tecnologías aplicadas para recopilar, procesar y analizar información sobre la actividad en el mar, como los sistemas de seguimiento de buques (AIS, VMS y LRIT), las imágenes satelitales y las plataformas basadas en inteligencia artificial.

También desarrolla el régimen jurídico que regula el uso de esa información para la aplicación de la ley, las competencias de los Estados en virtud del Derecho del Mar y los requisitos que deben cumplir las evidencias digitales para ser admitidas como prueba: autenticidad, integridad, fiabilidad y la preservación de la cadena de custodia.

Finalmente, analiza las garantías para que la obtención y el uso de esas pruebas respeten los derechos humanos, en particular la intimidad, la protección de los datos personales y el acceso a un juicio justo, de conformidad con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

En elcontexto de la admisibilidad de las pruebas digitales, el manual destaca la buena práctica argentina para autenticar y utilizar en procedimientos administrativos contra la pesca ilegal, pruebas remotas: definidas como evidencias generadas por medios electrónicos a distancia y luego empleadas como prueba en un procedimiento contencioso para demostrar una infracción o delito.

Prefectura es pionera, en el país y a nivel regional, en el uso de evidencia digital para sancionar a buques pesqueros ilegales. Los casos de los buques de bandera de Vanuatu, XINRUM 579 y BAO FENG, detectados por el Sistema Guardacostas operando ilegalmente dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) en 2025 y 2026, y luego sancionados por la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación, son considerados en el manual como ejemplos de la evolución de las tecnologías de teledetección y de la adaptación de los mecanismos probatorios en los litigios marítimos.

El desarrollo de esta estrategia no fue sencillo e implicó mucho más que la decisión institucional de avanzar en el control y la sanción de los buques pesqueros arrastreros extranjeros que realizan incursiones menores en la ZEE argentina durante sus faenas de pesca o cambios de rumbo. Decisión que también debía responder al escenario operativo existente que exigía que la aplicación de sanciones no dependiera de la captura física de las embarcaciones infractoras.

Requirió de un importante trabajo técnico para la detección en tiempo real, la identificación de patrones anómalos en las emisionesAIS de los buques,el refuerzo de la prueba con otras fuentes de información o herramientas MDA.También demandó capacidades para analizar derrotas segúncriterios conductuales vinculados con el arte de pesca empleado, combinando conocimiento experto e inteligencia artificial.

Exigió además, asegurar la cadena de custodia de la prueba y elaborar actuaciones administrativas aptas para la autoridad de aplicación. La Disposición 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca contribuyó a estandarizar la detección temprana de conductas compatibles con la pesca, fortalecer la admisibilidad de la evidencia digital y garantizar los principios de legalidad, proporcionalidad y debido proceso.

Se trata de una estrategia exitosa no solo por sus resultados, sino también por el componente interagencial que presenta, resultado del trabajo conjunto entre la autoridad de aplicación y la policía auxiliar pesquera de nuestro país.

La incorporación de los casos argentinos al Manual logró reflejar el espíritu de la estrategia de Prefectura. Que la evidencia obtenida por vigilancia remota y validada técnicamente no solo puedesustentar procedimientos sancionatorios y multas, sino también que, cuando el Estado no impone o no puede imponer una sanción inmediata, esa misma evidencia, transmitida por canales oficiales, puede facilitar la intervención de otros Estados competentes.

Para el Estado de abanderamiento, esta información puede ayudar a cumplir sus obligaciones de diligencia debida conforme al Derecho Internacional, al exigirle evaluar la conducta de sus buques y adoptar, cuando corresponda, medidas administrativas, disciplinarias o penales, incluso sin que haya existido apresamiento o control físico de la embarcación.

Del mismo modo, la evidencia recopilada puede respaldar la actuación del Estado rector del puerto, incluyendo la aplicación de medidas previstas en el Acuerdo sobre las medidas del Estado rector del puerto (AMERP), como la denegación de acceso al puerto o a servicios portuarios, cuando se cumplan las condiciones legales.

El manual concluye: “De este modo, la detección a distancia no se limita a compensar la ausencia de una interdicción física. Puede ampliar la cadena de aplicación de la ley al hacer que las conductas ilícitas queden documentadas, sean rastreables y puedan ser objeto de un seguimiento jurídico o reglamentario por parte de los Estados de abanderamiento, los Estados del puerto y otras autoridades competentes”.

El caso del pesquero chino HUALI 8, en 2016, que impulsó el pedido de captura internacional de buques pesqueros ilegales a través de INTERPOL; el desarrollo de modelos predictivos para la detección temprana de amenazas y actividades de pesca ilegal; y el uso reciente de evidencia digital remota para sancionar infracciones pesqueras, posicionan a la Prefectura Naval Argentina como referente en la generación de buenas prácticas internacionales y de herramientas concretas y efectivas contra la pesca INDNR.

Como reflexión final, la labor policial de la Prefectura es esencial para la seguridad marítima del país. Concebir esa seguridad o generar políticas públicas sin considerar sus competencias, sus logros, sus desafíos y sobre todo sus necesidades, debiera resultarun imposible.