Practicaje: el Gobierno oficializó una baja del 20% en las tarifas mientras busca desactivar el conflicto
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) oficializó una reducción del 20% en las tarifas máximas de los servicios de practicaje y pilotaje, una medida que forma parte del acuerdo alcanzado con el sector para encauzar el conflicto que afectó la prestación de un servicio clave para la navegación comercial.
La decisión quedó plasmada en la Resolución 46/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, y establece que la rebaja se aplicará sobre las tarifas finales calculadas conforme al Régimen de Tarifas Máximas vigente desde 2018. La medida rige desde su publicación y tendrá carácter transitorio, ya que permanecerá vigente mientras continúe suspendido el Decreto 690/2026.
La reducción tarifaria constituye uno de los compromisos asumidos durante las negociaciones entre el Gobierno nacional y los representantes del practicaje, luego de que la entrada en vigencia del Decreto 690 generara medidas de fuerza que alteraron el funcionamiento normal del sistema y afectaron la operatoria de los buques en distintos puertos y vías navegables del país.
El conflicto llevó al Poder Ejecutivo a suspender la aplicación de esa reforma mediante el Decreto 716/2026, restableciendo provisoriamente el régimen anterior y creando una mesa de trabajo integrada por funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la ANPyN, junto con representantes del sector, con el objetivo de consensuar un nuevo marco regulatorio para la actividad.
En ese ámbito también se acordaron cuatro medidas para normalizar la prestación del servicio: reactivar el practicaje y pilotaje, suspender la aplicación del Decreto 690, avanzar en la elaboración de una nueva reglamentación y reducir en un 20% las tarifas vigentes.
La resolución publicada ahora instrumenta ese último punto del acuerdo. Según los fundamentos de la norma, tanto la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje como la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante manifestaron su conformidad con la reducción tarifaria.
El practicaje constituye un servicio público regulado por el Estado y resulta indispensable para la seguridad de la navegación en puertos, ríos, canales y pasos jurisdiccionales. Su normal funcionamiento tiene un impacto directo sobre la logística del comercio exterior, ya que permite garantizar el ingreso y la salida de los buques en condiciones seguras.
Con esta decisión, el Gobierno busca consolidar la tregua alcanzada con el sector mientras continúan las negociaciones para definir un nuevo régimen que reemplace definitivamente al suspendido Decreto 690 y otorgue previsibilidad a una actividad estratégica para el sistema portuario argentino.
