Cabotaje: advierten que una apertura sin restricciones podría poner en riesgo a la Marina Mercante argentina

La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante manifestó su preocupación ante el proyecto que busca abrir el cabotaje nacional a buques de cualquier bandera. Para la entidad, eliminar las restricciones de nacionalidad que actualmente regulan el transporte de cargas entre puertos argentinos equivaldría a sentenciar el futuro de la Marina Mercante nacional.

Desde la organización sostienen que una desregulación total provocaría la pérdida de puestos de trabajo argentinos, debilitaría a los armadores locales y establecería un escenario de competencia desigual. El argumento central es que, mientras se incentiva la inversión bajo pabellones extranjeros, se desalienta el desarrollo de embarcaciones con bandera nacional. Los efectos, advierten, no recaerían únicamente sobre las tripulaciones, sino también sobre los empresarios y operadores marítimos argentinos.

El sector reconoce que existe una oferta limitada de bodega nacional, aunque atribuye esa situación a las condiciones económicas y fiscales que llevan a los inversores a registrar sus embarcaciones bajo otros pabellones. En ese sentido, plantea una diferencia sustancial entre autorizar excepcionalmente la participación de un buque extranjero cuando no existe una alternativa nacional y habilitar de manera generalizada a flotas internacionales para operar en aguas argentinas.

Además, recuerdan que la legislación vigente ya contempla mecanismos para atender situaciones extraordinarias. En particular, mencionan el artículo 6 del Decreto-Ley 19.492/44, que establece excepciones al régimen de reserva de cabotaje.

La discusión también involucra a las economías regionales del norte argentino. Los gobernadores de Chaco, Corrientes y Misiones ven en una mayor apertura del transporte fluvial una oportunidad para dinamizar el comercio interno, facilitar la salida de sus producciones y reducir los costos de los insumos. Sin embargo, desde la Asociación consideran que ese diagnóstico no contempla el conjunto de los factores que inciden sobre la competitividad logística.

Según sostienen, el buque de bandera argentina no es el responsable del encarecimiento del transporte fluvial. Por el contrario, señalan que las principales dificultades están vinculadas con la falta de un sistema multimodal eficiente, la elevada presión impositiva, las demoras burocráticas (entre ellas, las operaciones aduaneras)  y el déficit de infraestructura portuaria. Como ejemplo, indican que las operaciones de carga de una barcaza pueden demorar hasta cinco veces más que en terminales de países vecinos.

En ese contexto, advierten que permitir la participación irrestricta de embarcaciones extranjeras no resolvería los problemas estructurales de la logística fluvial. Los puertos, los procedimientos administrativos y las limitaciones de infraestructura seguirían siendo los mismos, por lo que, a su entender, el costo del flete no necesariamente disminuiría.

Otro de los puntos señalados es el impacto sobre las condiciones laborales. La entidad considera que la apertura podría favorecer la incorporación de buques bajo banderas de conveniencia, sujetos a legislaciones con menores exigencias sociales, laborales y tributarias. Esto, advierte, profundizaría las asimetrías competitivas y pondría en riesgo los estándares de protección de los trabajadores contemplados en el Convenio sobre el Trabajo Marítimo de 2006, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La preocupación también alcanza la dimensión estratégica. El régimen de reserva de cabotaje establece que el transporte de mercancías entre puertos nacionales sea realizado por buques de bandera argentina, con tripulaciones locales. Para sus defensores, este esquema no solo sostiene la actividad económica y el empleo, sino que también contribuye al control estatal sobre las aguas jurisdiccionales y la Vía Navegable Troncal.

Como referencia internacional, desde la Asociación señalan que 91 de los 136 países con litoral marítimo cuentan con algún tipo de protección para sus actividades de cabotaje. En esa línea, sostienen que una apertura sin restricciones comprometería capacidades vinculadas con la soberanía territorial, económica y la seguridad estratégica nacional.

La brecha de costos entre los registros de la región es otro de los argumentos que pone sobre la mesa el sector. Según los datos difundidos por la entidad, la carga impositiva que soporta la bandera argentina ronda el 78%, mientras que en Paraguay se ubica cerca del 30%. Esta diferencia, afirman, constituye uno de los factores que desalientan la inversión local y explican parte de la pérdida de competitividad de la flota nacional.

RETCAN: una alternativa para recuperar competitividad

Frente a este escenario, la Federación Sindical Marítima y Portuaria (FeSiMaF) asegura haber trabajado en distintas propuestas orientadas a mejorar las condiciones de competitividad de la bandera argentina sin resignar empleo ni capacidad operativa nacional.

Entre ellas se encuentra el Registro Especial Temporal del Cabotaje Nacional (RETCAN), una iniciativa presentada ante el Congreso de la Nación mediante el expediente 3399-D-2026. El proyecto propone crear un régimen especial para el cabotaje nacional e introducir modificaciones a la Ley 27.802.

Desde el sector consideran que esta herramienta constituye una alternativa para abordar las dificultades de competitividad que atraviesa la actividad, sin recurrir a una apertura irrestricta que, según advierten, podría comprometer el trabajo argentino, la inversión local y la soberanía nacional.

El planteo de fondo apunta a que la discusión sobre el futuro del cabotaje no se limite a ampliar la oferta de transporte, sino que contemple también las condiciones necesarias para sostener una Marina Mercante propia y garantizar su desarrollo a largo plazo.