El Centro de Patrones denunció una “maniobra encubierta” para aplicar medidas de apertura y flexibilización laboral que violan las decisiones del Congreso Nacional
"Hay un capricho en desregular la Marina Mercante, y es que quieren bajar los costos laborales, directos o indirectos", afirmó Mariano Moreno
El Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, conducido por el Capitán Mariano Moreno, criticó la Resolución 41/25 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) y denunció que busca restituir, de manera solapada, los efectos del Decreto 340/25, recientemente rechazado por el Congreso de la Nación. "Hay un capricho en desregular la Marina Mercante, y es que quieren bajar los costos laborales, directos o indirectos", afirmó Moreno.
La Resolución, que fue publicada el pasado 9 de septiembre en el Boletín Oficial, altera el régimen de excepciones a la Ley de Cabotaje Nacional (Decreto Ley 19.492) y a la Ley 27.419 de la Marina Mercante Nacional, reemplazando el sistema de publicaciones y consultas previas por un mecanismo de declaración jurada. Esto habilita la operación de buques extranjeros en tráficos reservados a embarcaciones de bandera argentina bajo el argumento de “falta de disponibilidad”.
En ese sentido, Moreno denunció que "es una maniobra que roza lo inconstitucional, que no respeta la división de poderes y que tiene la palabra negocios por todos lados". Además, advirtió que detrás de esta política hay un objetivo económico claro: "creen que desregulando se bajan los costos laborales, ya sea en salarios o en contribuciones patronales, pero lo que en realidad hacen es vulnerar derechos individuales, colectivos, sociales y sindicales", explicó.
Por otro lado, criticó que "si pusieran el mismo esfuerzo que dedican a inventar estas maniobras en generar desarrollo e industria, el país ganaría tanto que no tendrían que preocuparse por los salarios de los trabajadores”. Y concluyó que “prefieren meter tripulación extranjera en el cabotaje y eliminar los controles que protegen el trabajo argentino".
El dirigente además se acopló a una nota formal que le envió la Federación Sindical Marítima y Fluvial (Fe.Si.Ma.F) a la ANPyN el 15 de septiembre denunciando la emisión de certificados de excepción a la Ley de Cabotaje Nacional y el incumplimiento de la Ley 27.419, que establece la obligatoriedad del embarque de personal argentino.
Ese documento señala como casos emblemáticos los remolcadores “Lautaro C” y “GF Humaitá”, ambas unidades de bandera paraguaya, a las que se otorgaron sucesivos permisos de excepción a favor de Vessel Logística S.A., Mediterranean Shipping Company S.A. y la Agencia Marítima Nabsa S.A. para operar en puertos argentinos con tripulación extranjera, en presunta violación al artículo 30 de la Ley.
La Federación calificó la reiteración de certificados a las mismas embarcaciones y empresas como “llamativa, por no decir sospechosa”, y solicitó a la ANPyN intimar a Mediterranean Shipping Company S.A. a cumplir con la normativa vigente, garantizando la presencia de tripulantes argentinos en los buques operativos bajo régimen de excepción.
“Javier Milei parece haberse declarado en guerra con la Marina Mercante. Desde el inicio de su gestión, el presidente que prometió ‘liquidar el Estado’ no dejó de apuntar contra la navegación fluvial, la marina y la pesca”, finalizaron desde el Centro de Patrones.
