Tiravassi advirtió que una mayor desregulación del cabotaje podría “hacer desaparecer” a la Marina Mercante nacional

Durante un reportaje concedido a Comex On Line, el dirigente sostuvo que la Marina Mercante cumple un rol estratégico para la economía y la soberanía del país, especialmente en un contexto donde más del 90% del comercio exterior argentino se mueve por vía marítima y fluvial.

“Si se desregulara el cabotaje nacional podríamos decir que toda la actividad marítima actual desaparecería”, advirtió Tiravassi, al señalar que hoy el desarrollo profesional de los marinos mercantes argentinos depende prácticamente en su totalidad del tráfico de cabotaje.

El titular del Centro de Capitanes recordó además que la flota de ultramar argentina fue “desmantelada” durante la década del noventa tras la aplicación del Decreto 1772/91. Según explicó, de una flota cercana a los 160 buques, el país terminó conservando apenas 16 embarcaciones luego de años de desregulación.

“Cuando sustituimos un servicio nacional por uno extranjero, el flete deja de quedar en el país, no genera impuestos ni movimiento económico local y se convierte en una importación de servicios con salida de divisas”, remarcó.

Para Tiravassi, el debate excede lo estrictamente económico y se vincula directamente con la soberanía logística y la capacidad de defensa nacional. En ese sentido, recordó el papel que tuvo la Marina Mercante durante la guerra de Malvinas y también durante la pandemia de Covid-19, cuando gran parte de las flotas extranjeras abandonaron determinadas rutas para priorizar los intereses de sus países de bandera.

“Sin una Marina Mercante nacional para abastecer centrales termoeléctricas y garantizar insumos esenciales, otra hubiera sido la historia durante la pandemia”, afirmó.

El dirigente también cuestionó que la Argentina avance hacia una apertura del cabotaje en contramano de las principales potencias marítimas del mundo. Según detalló, actualmente más de 90 países protegen sus mercados internos de navegación, entre ellos Estados Unidos con la Ley Jones y Australia, que recientemente relanzó políticas de fortalecimiento de su flota estratégica nacional.

“Es interesante evaluar por qué nosotros consideramos lo contrario mientras los países centrales refuerzan la protección de sus flotas”, planteó.

Tiravassi alertó además sobre el impacto que una mayor desregulación tendría sobre la formación de los futuros marinos mercantes. En ese marco, mencionó a la Escuela Nacional de Náutica Manuel Belgrano, la Escuela Nacional Fluvial Comodoro Antonio Somellera y la Escuela Nacional de Pesca Comandante Luis Piedrabuena como instituciones que podrían verse afectadas ante una reducción de la actividad nacional embarcada.

“La disminución de costos no puede recaer únicamente sobre lo laboral. También hay que discutir profundamente los costos logísticos, aduaneros y portuarios”, sostuvo.

En distintas oportunidades, el dirigente marítimo también cuestionó el peso de la carga tributaria sobre la actividad y el impacto de los impuestos al combustible en la estructura de costos del sector. Desde el Centro de Capitanes vienen reclamando “una postura fiscal más racional y de efectivo fomento a la industria del transporte por agua”, al considerar que la falta de incentivos limita el crecimiento de la flota nacional y profundiza la pérdida de competitividad frente a banderas extranjeras.

Dentro de ese esquema, el combustible aparece como uno de los principales factores de preocupación para el sector marítimo. Las actualizaciones impositivas sobre los combustibles líquidos repercuten directamente sobre el valor operativo del gasoil utilizado por los buques, incrementando costos en toda la cadena logística.

“Mientras otros países protegen y subsidian sus flotas mercantes, en Argentina la actividad enfrenta presión tributaria, altos costos operativos y medidas de desregulación que debilitan el empleo nacional embarcado”, sostienen desde el sindicalismo marítimo.

En esa línea, Tiravassi también había cuestionado anteriormente el Decreto 340/25 al advertir que determinadas medidas oficiales “dejan nuestro comercio interno a merced de intereses extranjeros”.

Para el dirigente, la discusión de fondo no pasa únicamente por la apertura del cabotaje, sino por las condiciones en las que la Marina Mercante argentina debe competir. “Sin políticas de promoción y sin alivio impositivo, la actividad seguirá perdiendo terreno frente a operadores extranjeros”, concluyó.