Ramallo: crece el rechazo al nuevo cobro al transporte pesado que comenzará a regir el 1° de octubre

El conflicto por el nuevo esquema de cobro al tránsito pesado en Ramallo comenzó a escalar a pocos días de su entrada en vigencia. La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) formalizó una denuncia administrativa ante la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación y solicitó una intervención urgente para suspender lo que considera un “peaje municipal encubierto”.

El planteo recibió además el respaldo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que cuestionó el sistema y acompañó las acciones impulsadas por FADEEAC para intentar frenar su implementación.

La controversia se concentra en el ex Camino Provincial Ruta 87, conocido como Acceso Sánchez, un tramo de apenas 5,1 kilómetros que conecta la Ruta Nacional 9 con el parque industrial y constituye un corredor para el tránsito pesado hacia la zona del Puerto de San Nicolás.

A través de la Licitación Pública N° 3/25, el Municipio de Ramallo adjudicó a la empresa Plus Byte S.R.L. la instalación de dos pórticos tecnológicos. De acuerdo con la documentación difundida por FADEEAC, el esquema contempla cobros de hasta $37.000 por pesaje dinámico y otros $25.000 por el ingreso a predios industriales o playas de estacionamiento mediante un dispositivo electrónico.

A estos valores se suma la tasa del 2% sobre cada litro de combustible que el municipio cobra en las estaciones de servicio locales desde enero.

FADEEAC llevó el reclamo a Nación

La Federación sostiene que el nuevo mecanismo constituye en los hechos una barrera económica al transporte y cuestiona particularmente que no existan caminos alternativos para que los vehículos pesados puedan acceder a los establecimientos de la zona.

FADEEAC argumentó además que existiría una doble imposición tributaria y cuestionó el esquema en función de la Ley de Coparticipación Federal y de la Ley Nacional de Combustibles.

La entidad que preside Cristian Sanz pidió al Ministerio de Economía que impulse una medida cautelar para suspender inmediatamente el sistema y reclamó también la derogación de la normativa municipal.

“No podemos permitir que se reinstalen aduanas interiores disfrazadas de tasas de mantenimiento. Si este modelo se replica en otros municipios, no solo se absorbe el margen operativo de las empresas de transporte, sino que se fragmenta el comercio interior, se encarecen las exportaciones y se afecta directamente la competitividad del país”, sostuvo Sanz.

La CAC se sumó al rechazo

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios también manifestó su rechazo al nuevo esquema y respaldó expresamente las acciones administrativas y judiciales iniciadas por FADEEAC.

Para la entidad empresaria, la inexistencia de rutas o caminos alternativos para el tránsito pesado convierte al mecanismo, en la práctica, en una suerte de “aduana interior” y genera un costo desproporcionado para la actividad logística.

La CAC pidió la intervención del Ministerio de Economía de la Nación y de las autoridades provinciales para lograr la suspensión del cobro y restablecer las condiciones habituales para la actividad comercial e industrial.

Preocupación entre transportistas e industrias

El conflicto también alcanzó a las empresas que operan en la región. Más de un centenar de compañías de transporte e industrias dadoras de carga manifestaron su preocupación y elevaron una carta a FADEEAC y a la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA).

Uno de los principales cuestionamientos es la ubicación del puesto de control en el Acceso Sánchez, considerado por las empresas como el único corredor habilitado para el tránsito pesado hacia diferentes complejos industriales y el Puerto de San Nicolás.

Según las estimaciones difundidas por las firmas afectadas, el costo anual derivado del nuevo esquema podría ubicarse entre $100 millones y $500 millones por empresa, dependiendo del volumen de operaciones.

Las compañías también manifestaron preocupación ante la posibilidad de que mecanismos similares puedan extenderse a otros municipios, multiplicando los costos para transportistas, industrias y cadenas logísticas.

El Municipio lo defiende y confirma el 1° de octubre

Desde el Municipio de Ramallo rechazaron los cuestionamientos sobre la naturaleza del cobro y defendieron la implementación del sistema.

El secretario de Hacienda municipal, Lucas Reyik, sostuvo que no se trata de un nuevo impuesto sino de una tasa vinculada a la prestación de servicios, con antecedentes de más de dos décadas en el distrito.

Según explicó el funcionario, el objetivo es extender el mecanismo a todos los transportistas de tránsito pesado y no solamente a determinados usuarios que ya estaban alcanzados anteriormente.

El sistema se encuentra atravesando un período de prueba de aproximadamente diez días y, de acuerdo con lo informado por el Municipio, comenzará a funcionar formalmente el 1° de octubre.

El cobro alcanzará a los vehículos pesados que ingresen al distrito y se realizará mediante un TAG que podrá vincularse con TelePASE. Para utilizar el sistema, los transportistas deberán registrarse previamente a través de la plataforma municipal.

De esta manera, a pocos días de la fecha prevista para su puesta en marcha, el nuevo esquema quedó en el centro de una disputa que enfrenta al Municipio con entidades del transporte, empresas industriales y organizaciones empresarias, mientras el reclamo presentado por FADEEAC ya llegó al Gobierno nacional.