Hidrovía bajo vigilancia extranjera: tensión entre seguridad, negocios y soberanía en la nueva licitación

El sistema P25, tecnología de punta desarrollada en EE.UU., es el corazón de una pulseada silenciosa entre el gobierno, la agroindustria y el lobby internacional. ¿Quién controla realmente la hidrovía más estratégica del país?


22 de octubre de 2025

La nueva licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná, que el gobierno nacional proyecta presentar el próximo 15 de noviembre, no sólo define quién dragará y mantendrá navegable la arteria fluvial más importante del país. También pone sobre la mesa una disputa mucho más profunda, donde chocan intereses comerciales, alineamientos geopolíticos y un negocio multimillonario disfrazado de tecnología de seguridad.

En el centro de la polémica se encuentra el sistema P25, un complejo esquema de comunicaciones digitales de origen estadounidense que el Estado argentino busca imponer como requisito en los pliegos licitatorios. El argumento oficial es contundente: aumentar los estándares de seguridad operacional, combatir el narcotráfico y asegurar el monitoreo permanente de las actividades sobre la vía navegable.

Sin embargo, detrás del discurso de modernización, crecen las sospechas. ¿Estamos pagando seguridad o cediendo soberanía?

Tecnología de punta… y de alto costo

El sistema P25 no es un simple upgrade técnico. Se trata de una arquitectura interoperable utilizada por fuerzas de seguridad y agencias de emergencia en Estados Unidos, capaz de mantener comunicaciones tácticas aún en escenarios de crisis o sabotajes. El paquete tecnológico incluiría un sitio maestro en Buenos Aires, más de 30 estaciones de repetición distribuidas a lo largo de la Hidrovía, y terminales móviles y portátiles para tripulaciones de dragado, patrullas fluviales y técnicos.


El proveedor preferido del gobierno es Motorola Solutions, y el costo estimado de la implementación oscila entre 60 y 150 millones de dólares, una cifra que, según las cámaras empresariales del sector, encarecería las tarifas de navegación en una vía que ya sufre una alta presión impositiva.

El “no” de la agroindustria

Desde las terminales portuarias, exportadoras y navieras hay un consenso casi unánime: sí a la tecnología de vigilancia, pero no dentro del pliego de concesión.

“La seguridad pública no debe financiarse con tarifas de navegación”, repiten desde hace semanas los representantes del sector, quienes proponen buscar financiamiento externo, como créditos multilaterales o cooperación del propio gobierno estadounidense. Hasta ahora, sin éxito.

También hay cuestionamientos técnicos: firmas como Siemens ofrecen soluciones similares a costos más competitivos, pero el gobierno parece decidido a avanzar con el modelo norteamericano. La lectura empresaria es clara: la Casa Blanca está jugando fuerte en el proceso, y su respaldo político al Ejecutivo argentino no es inocente.

El factor geopolítico

La decisión de excluir a empresas con participación estatal (como los gigantes chinos que habían mostrado interés en la primera licitación) refuerza la idea de un alineamiento estratégico del gobierno con los intereses de Washington. “Con P25 no sólo compramos tecnología, también entregamos información sensible de seguridad”, advirtió un consultor naval con acceso al proceso.

Voces del sector portuario señalan que ya existe una estructura estatal capaz de cumplir esa función: el sistema Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina. “Sólo habría que ampliarlo y dotarlo de mayor presupuesto. Ya tienen el know-how. No hace falta importar soberanía”, aseguran.


Una licitación con reloj electoral

El calendario también juega su partida. Tras las elecciones legislativas del domingo, el gobierno busca llegar a noviembre con un esquema cerrado, aunque flexible. A diferencia del fallido intento del año pasado, esta vez existe mayor disposición al diálogo, aseguran desde la Agencia Nacional de Puertos.

Incluso, algunos empresarios evalúan que los pliegos podrían sufrir modificaciones de última hora si el escenario político así lo exige. El temor es que el proceso termine bajo la lupa de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado, lo que podría dilatar aún más los tiempos. Por ahora, esa posibilidad parece lejana: la atención del Congreso está enfocada en las concesiones energéticas, no en la hidrovía.

El negocio detrás del control

“La herramienta de control ya está, sólo hay que potenciarla”, dicen desde el sector, refiriéndose al sistema de Prefectura. Pero el verdadero trasfondo parece no ser técnico, sino político-comercial. Como ocurre con frecuencia en el sector de infraestructura, quien diseña el sistema también controla la información. Y en el caso de la Hidrovía, eso implica tener acceso privilegiado a datos estratégicos sobre rutas, cargas y movimientos navales de toda la región.

La pregunta, entonces, ya no es si la hidrovía necesita más seguridad. La pregunta es quién la va a proveer, quién la va a pagar, y sobre todo: quién va a tener el control final.

Mientras el gobierno insiste en instalar tecnología de punta con el argumento de la seguridad, el sector exportador reclama transparencia, racionalidad económica y una mirada soberana. La hidrovía no es sólo un canal de navegación: es una arteria vital del comercio argentino, y como tal, no puede quedar librada a decisiones apresuradas ni a alineamientos automáticos. Porque en nombre de la seguridad, corremos el riesgo de perder el timón de nuestra principal vía de salida al mundo.