La prevención de la contaminación en las aguas

La Prefectura Naval Argentina, tiene como una de sus principales funciones la protección del medio ambiente, En este sentido, capacita a su personal y dota de recursos materiales a sus Dependencias en todo el país, para desarrollar tareas de investigación 

Su accionar abarca una variedad de funciones, de las que una es la protección del ambiente acuático respecto a la actividad navegatoria. Para ello, la Dirección de Protección Ambiental desarrolla actividades de control, gestión, formación e investigación científica, a fin de preservar el recurso. La existencia de litigios regionales y locales por el dominio y la administración del mismo, genera conflictos donde Prefectura  debe actuar diligentemente cumpliendo sus funciones, tratándose de casos típicos en que la actividad de ciertas personas causa perjuicios a otras que utilizan el mismo medio. Sobre todo para los habitantes de las grandes ciudades, la contaminación acuática es un problema que demuestra la situación de este recurso natural cuya propiedad se ha reservado el Estado.

La cuenca de los ríos Matanza-Riachuelo, el río Reconquista, los arroyos Medrano, Vega, Sarandí, Santo Domingo, Giménez y Las Conchas,  son considerados ríos “muertos”, ya que las sustancias que contienen impiden la oxigenación y la existencia de vida.

En abril de 1993 el CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado) presentó un plan para comenzar la limpieza del Matanza-Riachuelo, a partir de un estudio realizado por la consultora británica Thames Water. El Decreto 1.093/93 asignó a la ex Secretaría de Ambiente Humano y Recursos Naturales (actual Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable)el estudio para la recuperación integral de la cuenca, y al CEAMSE la implementación del programa y la disposición de los residuos.

La limpieza del río no implicó que deje de contaminarse, y este problema es el aspecto fundamental a solucionar. El Informe CONAPA (Comisión Nacional de Política Ambiental) (1991) presentado por la Delegación Argentina en la Cumbre de Río de Janeiro el año siguiente, reiteró ciertas políticas y requirió más participación y planificación del Estado Nacional, en una perspectiva a largo plazo que constituye un gran desafío, exitoso en la medida que ciertos criterios rectores sean compartidos por los estados provinciales y la Nación, y se establezcan mecanismos de consenso para diseñar e implementar una política nacional en la materia.

La Tierra sufre una progresiva disminución en la calidad y disponibilidad de agua dulce, con un 75 % de la población mundial careciendo de acceso directo al recurso y apenas el 3 % del agua que puede ser potabilizada, a costos cada vez mayores. Esta escasez mundial de agua potable ha pasado a ser en las últimas décadas una temática de honda preocupación, por lo que las Naciones Unidas han impulsado distintas acciones con objeto de reducir los padecimientos de este recurso indispensable para la vida.

Los avances tecnológicos y las ciencias ambientales buscan detectar las acciones humanas que producen alteraciones significativas en el medio, elaborar un diagnóstico, evaluar las condiciones del entorno físico y social, valorar los impactos probables, aportar soluciones y proponer estrategias de acción. Por ello, es importante tomar conciencia de la necesidad de una gestión integral de este recurso vital, consolidando la sustentabilidad ecológica, premisa que articulada dinámica y equilibradamente con el crecimiento económico y la equidad social, permita el desarrollo ambientalmente sustentable.

El agotamiento de las napas en muchos lugares y su creciente demanda, producirán conflictos entre los usos agrícola, industrial y doméstico. La escasez impondrá restricciones y aumentará el costo del agua, que podría entrar en crisis a mediados del siglo XXI. La contaminación de los ríos y costas, así como la sobreexplotación, han mermado a tal punto los recursos ictiológicos, que se necesitaría suprimir globalmente la pesca durante cinco a diez años, para recuperar en forma  razonable las especies.

Nuestro país posee una reserva extraordinaria de agua dulce, capaz de abastecer a la población propia de agua pura, en razón de su bajo crecimiento demográfico, como así también a otros países, por más de 200 años. El marco legal existente en el orden nacional, provincial y municipal es amplio y específico, no obstante distintos sectores privados, organizaciones no gubernamentales y organismos oficiales están elaborando políticas públicas para adaptarlo a la tendencia internacional y al desarrollo tecnológico.

Argentina tiene una estructura orgánica adecuada para afrontar el problema del uso apropiado del recurso: El Poder Ejecutivo Nacional (Ministerio de Salud, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Subsecretaría de Recursos Hídricos, Instituto Nacional del Agua), la provincia de Buenos Aires (Organismo Para el Desarrollo Sustentable, Organismo Regulador de Aguas Bonaerenses - Subsecretaría de Servicios Públicos, en la órbita del Ministerio de Obras y Servicios Públicos), y las provincias más desarrolladas, poseen organismos similares con competencia equivalente.       

En el contexto de los acuerdos multilaterales del continente americano como el ALCA, Mercosur, Pacto Andino, Hidrovía Paraná-Paraguay, Tratado del Río de la Plata, entre otros, se desarrollan actividades que incluyen la elaboración de estrategias para la protección, preservación y explotación racional del recurso, para lo cual llevan a cabo políticas de desarrollo e investigación a nivel regional, que probablemente incluirán en un futuro próximo la defensa militar de los recursos compartidos, como es el agua.

En tanto Autoridad Marítima Nacional, la Prefectura Naval Argentina en estos acuerdos regionales, brindando asesoramiento técnico y científico, situación que la posiciona en un lugar preponderante y de prestigio.