El decreto de Milei sobre el practicaje desata un lock-out y amenaza con paralizar el ingreso de buques

La protesta surge tras la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 690/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. La norma reemplaza el régimen vigente desde hace más de tres décadas e introduce cambios estructurales en el servicio público de practicaje y pilotaje.

El anuncio profundiza el clima de conflicto que atraviesa el sector marítimo, donde distintas entidades vienen cuestionando las medidas de desregulación impulsadas por el Gobierno al considerar que afectan actividades estratégicas vinculadas con la navegación, la seguridad y la Marina Mercante nacional.

Entre las principales modificaciones, el decreto elimina los cupos para la inscripción de prácticos, habilita la libre contratación por parte de armadores y agencias marítimas, faculta a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) a establecer tarifas máximas para el servicio y obliga a las empresas prestadoras a publicar periódicamente sus cuadros tarifarios.

Uno de los puntos que mayor rechazo despertó es la posibilidad de que capitanes y patrones, tanto argentinos como extranjeros, puedan obtener un Certificado de Conocimiento de Zona para navegar sin la intervención obligatoria de un práctico, siempre que acrediten la experiencia exigida por la normativa.

El decreto también modifica el régimen para el traslado de prácticos, permitiendo utilizar cualquier embarcación comercial habilitada que cumpla con las condiciones de seguridad establecidas, e incorpora mecanismos de control sobre la facturación y la transparencia de precios.

Desde el Ejecutivo sostienen que la reforma apunta a eliminar regulaciones consideradas obsoletas, promover una mayor competencia y reducir los costos logísticos. Sin embargo, el sector respondió de inmediato con un lock-out y sostiene que las modificaciones ponen en riesgo la seguridad de la navegación, afectan el ejercicio profesional y favorecen el ingreso de operadores extranjeros en una actividad considerada estratégica.

Consciente del escenario de conflicto, el propio decreto incorpora mecanismos de contingencia para garantizar la continuidad del servicio. En ese marco, la Prefectura Naval Argentina y la Armada Argentina quedan habilitadas para prestar servicios de practicaje, pilotaje y baquía en situaciones excepcionales, mientras que la Prefectura podrá autorizar de manera temporaria a capitanes con conocimiento de zona para evitar la interrupción de la navegación.

La medida de fuerza amenaza con impactar de lleno en la Hidrovía Paraná-Paraguay y en los puertos del Gran Rosario, donde se concentra buena parte de las exportaciones argentinas de granos y subproductos. De sostenerse el lock-out, las terminales podrían enfrentar demoras en el ingreso y egreso de buques, con consecuencias directas sobre la cadena logística y el comercio exterior.

El conflicto representa un nuevo capítulo en la política de desregulación impulsada por el Gobierno nacional. Mientras la administración de Javier Milei defiende los cambios como una herramienta para aumentar la competitividad del sistema portuario, los prácticos consideran que las medidas avanzan sobre una actividad clave para la seguridad de la navegación y advierten que sus efectos podrían sentirse mucho más allá del ámbito profesional, alcanzando a toda la operatoria marítima del país.