Polinave consultó a capitanes de ultramar sobre una eventual disponibilidad para actuar como prácticos
En medio del conflicto generado tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026 y la medida de fuerza que afecta al servicio de practicaje y baquía, trascendió que la Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación (Polinave) se comunicó el domingo con capitanes de ultramar para consultar su eventual disponibilidad para desempeñarse provisoriamente como prácticos.
De acuerdo con el mensaje difundido entre profesionales del sector, la respuesta fue que asumir esa función implicaría reemplazar a los prácticos, una situación que consideraron incompatible con su responsabilidad legal y profesional y que, además, podría comprometer la seguridad del buque y de la tripulación.
Según el mismo intercambio, tras esa respuesta no hubo nuevas comunicaciones por parte de Polinave.
La consulta se produce mientras continúa la controversia en torno al Decreto 690/2026, que modificó el régimen de practicaje, pilotaje y baquía. La norma generó un fuerte rechazo de las entidades profesionales, que sostienen que los cambios introducen incertidumbre jurídica y pueden afectar las condiciones de prestación de un servicio considerado esencial para la seguridad de la navegación.
En los últimos días, Comex Online informó sobre la posición de la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales, que advirtió sobre las consecuencias operativas y jurídicas derivadas del nuevo régimen, así como también sobre el pronunciamiento de las entidades que representan a los prácticos, que resolvieron no asumir nuevos servicios hasta contar con un marco de mayor seguridad jurídica para el ejercicio profesional.
El conflicto ya comenzó a reflejarse en la operatoria. Uno de los casos más relevantes fue el del buque Merlin, vinculado a la logística de la industria energética, que no pudo contar con el servicio de practicaje en el marco de la medida de fuerza, situación que volvió a poner de manifiesto el impacto que el conflicto puede tener sobre la actividad portuaria y las cadenas logísticas.
Mientras el Gobierno sostiene que el nuevo régimen busca modernizar y desregular el sistema, las entidades profesionales continúan cuestionando sus alcances y advierten que la prioridad debe seguir siendo la seguridad de la navegación y la preservación de las responsabilidades técnicas y legales de quienes intervienen en la conducción de los buques.
